EU estudia recurrir al Tribunal Supremo la sentencia del PGOU y expresa su rechazo por las multas "irrisorias"

La Audiencia de Alicante condenó ayer miércoles al pago de multas de 6.000 y 18.000 euros, respectivamente, a Alperi y Ortiz como autores de un delito de cohecho, en el marco de la causa derivada del llamado 'caso Brugal' relativa al diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

La agrupación afirma, en un comunicado, que se "avergüenza" del fallo debido a que "todo el mundo ha escuchado las grabaciones y ha conocido las pruebas" y recuerdan que "el propio Ortiz, antes de la sentencia de Orihuela, confesó y luego se retractó; más si cabe cuando hay acusados que han admitido en el propio juicio haber pagado prebendas".

Por ello, el Consejo local de la formación considera que se ha reflejado "suficientemente" que las prácticas de los gobiernos de Castedo y Alperi y su "compadreo" con Ortiz son "todo lo contrario a una administración limpia, seria y dirigida al honrado servicio público".

Asimismo, EU recoge el trabajo de la formación en lucha contra la corrupción del exconcejal de la formación, Miguel Ángel Pavón, y de los anteriores coordinadores de la formación política.

Igualmente, el partido insiste en que "hay elementos probatorios suficientes como para justificar una condena ante los amaños del PGOU de esta ciudad". "Consideramos que con esta sentencia se consagra la impunidad de presuntos y graves delitos y se favorece la desafección ciudadana hacia la justicia al constatar que ésta no es igual para todos", sostiene el coordinador de EU en Alicante, Manolo Copé.

"Esta sentencia, que no comparto en absoluto, es una burla y un desprecio a la ciudad de Alicante y a los intereses generales, y por ello la formación política estudiaremos un posible recurso al considerarla totalmente injusta. Es una sentencia que consagra la impunidad y que desacredita a la propia justicia", agrega.

Así pues, la formación confirma que estudiará un posible recurso al Supremo y esperan que "haga justicia ante estos hechos y actuaciones ilícitas".

Por otro lado, el grupo municipal de Compromís, a través de sus concejales Natxo Bellido y Rafa Mas, han solicitado este jueves al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que reconsidere su posición de no presentar recurso y solicite a la Asesoría Jurídica Municipal que estudie el Fallo para también impugnarlo, puesto que el consistorio ha ejercido la acusación particular en la causa.

"INTERESES GENERALES DE LA CIUDAD"

Ambos recuerdan al primer edil que "se debe a los intereses generales de la ciudad" y tiene que "pensar primero" en los alicantinos "sobre los intereses del PP". "Le pedimos a Barcala que actúe como alcalde, y no pensando en su partido o los gobiernos municipales, del que él también formó parte, y que han sido investigados por la justicia".

Por eso, la formación le pide que "replantee la decisión que tomó de forma precipitada e irreflexiva guiándose por motivos partidistas y no por la defensa de los intereses generales de Alicante". "Toca defender la institución municipal y no a su partido", han añadido.